A poco más de 20 días de la aprobación de la Ley Macron y superado el plazo de gracia, durante el cual la policía francesa ha llevado a cabo una labor informativa, Francia empezará a sancionar por el incumplimiento de la ley el próximo fin de semana.
La aplicación de la Ley Macron supone una serie de obligaciones y trámites para las empresas que hagan transporte internacional a Francia los cuales hemos resumido a continuación:
Salario mínimo francés
Las empresas tendrán la obligación de acreditar que sus conductores perciben el salario mínimo estipulado en el Convenio Profesional Nacional del Transporte por Carretera y Actividades Auxiliares del Transporte francés.
Certificado de desplazamiento
Antes de iniciar el servicio, la empresa tendrá que cumplimentar el formulario correspondiente al certificado de desplazamiento en la web del Ministerio de Medio Ambiente francés. Dicho certificado tiene que estar redactado en francés y contener los datos de la empresa, del conductor desplazado y su retribución.
Los cargadores franceses, a su turno, solicitarán copia de esta documentación antes de la carga o la descargar y el chófer tendrá la obligación de llevar una copia en cabina, tanto del certificado como de su contrato de trabajo, el cual no será necesario que esté traducido al francés.
El rol del representante en Francia
Otra de las obligaciones de las empresas de transporte que operen en Francia es designar un representante en el país cuyo papel será el de hacer de enlace entre las autoridades francesas y el empleado desplazado, custodiando la documentación que acredite el cumplimento de la Ley Macron y presentándola ante las autoridades cuando así sea requerido.
Esta documentación incluye, además del certificado de desplazamiento, una copia de la designación de representante, todas las nóminas del chófer y sus respectivos comprobantes de pago correspondientes al periodo de desplazamiento, así como su contrato laboral. El representante deberá custodiar la documentación durante el desplazamiento y los 18 meses posteriores a éste.
Es muy importante remarcar que esta figura no actúa en ningún caso como representante legal, de modo que nunca será el responsable ante el incumplimiento de la ley frente a las autoridades francesas. Del mismo modo, su papel no es el de actuar como mediador ni el de indagar sobre el cumplimiento las obligaciones legales, siendo en única instancia responsabilidad de la empresa que realiza el transporte.
Sanciones de la Ley Macron
El incumplimiento de la ley va acompañado de sus correspondientes sanciones administrativas que alcanzarán un valor máximo de 2.000 € por trabajador desplazado y de 4.000€ en caso de reincidencia en el mismo año.
Se han establecido los siguientes niveles máximos de sanciones:
- No llevar a bordo el contrato de trabajo: 450 €
- No llevar a bordo el documento de desplazamiento o no está debidamente cumplimentada o contiene datos falsos: 750€
- No haber nombrado representante en Francia o no haber cumplimentado el certificado de desplazamiento: 2.000 €.
Los incumplimientos significativos serán objeto de procedimientos judiciales penales.
Recordamos que la Ley Macron afecta a empresas de transporte no residentes en territorio francés que desplacen conductores a Francia con motivo de un transporte internacional con origen o destino Francia o con operaciones de cabotaje, para las que se excluye el transporte en tránsito y a los transportistas autónomos sin asalariados a su cargo.
Como especialistas en el sector del transporte nos parece una medida un tanto estricta pero necesaria para un mayor control de que las cosas se están haciendo bien. Veámos si España lo implanta también…