Las claves del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha iniciado los trámites para sacar adelante el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una vez aprobado el texto en primera lectura por el Consejo de Ministros. Un nuevo marco normativo que tiene como principal objetivo desarrollar un sistema de transporte digital e innovador, que incluye, entre otros aspectos, el potenciamiento de la movilidad limpia, la garantía de que se toman las decisiones adecuadas en lo que se refiere al destino de la inversión y gasto y, además, reconocer la movilidad como un derecho social. 

El procedimiento legislativo que permita su aprobación aún debe seguir su curso, por lo que todavía quedan pendientes, entre otros trámites, las posibles aportaciones y, por supuesto, la aprobación por el Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes Generales. Pero el procedimiento legislativo como tal ya ha comenzado y su primera fase fue la apertura del trámite de audiencia e información pública, para la cual cualquier ciudadano, profesional, organización u asociación tuvo ocasión de realizar aportaciones. 

Pero pasamos a analizar, con la colaboración de la abogada Cristina Mejías, un poco más al detalle en qué consiste esta Ley. 

Las bases de la Ley de Movilidad Sostenible 

El anteproyecto de Ley no es un acto aislado. Está alineado con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, las dos grandes iniciativas de la Unión Europea en las que el factor ecológico ha tomado un protagonismo casi absoluto, con los componentes sociales, económicos y tecnológicos que conforman el concepto de “movilidad sostenible”. Por otra parte, está estrechamente vinculado con la Estrategia española de Movilidad segura, sostenible y conectada, definida en 2020 con el objetivo último de transformar el sistema de transportes en el horizonte 2030. Finalmente, ha de encuadrarse en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla la movilidad sostenible como uno de sus ejes de actuación.

Asimismo, se convertirá en el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, así como a retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. Estos son algunos de los pilares en los que se asienta: 

• Priorización de la movilidad activa (bicis, patinetes…) y el transporte público colectivo en las ciudades para una movilidad limpia. Un supuesto que amplía el papel de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).  
• Un sistema de movilidad y transporte digital e innovador. Aquí se establecen varias medidas, como una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer a España la innovación en este ámbito, o la introducción de los principios que deberán seguir las administraciones para introducir los vehículos autónomos o sin conductor, siempre priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y la colaboración público-privada. Este sistema digital e innovador gira fundamentalmente en torno a dos grandes ejes: los novedosos “sandboxes” o espacios controlados de pruebas para proyectos innovadores que generen nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos para la prestación de servicios; y la incorporación de vehículos automatizados al sistema de transportes, como los vehículos no tripulados por carretera. 
• Mejora de la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad mediante una mayor participación pública, transparencia y rendición de cuentas. De cara al futuro, las prioridades de inversión no se van a centrar en las infraestructuras en sí mismas, sino en los servicios que prestan. Y se ha previsto la necesidad de analizar los instrumentos normativos y financieros a implementar para la creación de incentivos y estímulos a la inversión privada en el despliegue de tecnologías y soluciones innovadoras. 

El anteproyecto pone especial énfasis en la importancia del transporte de mercancías y la logística para la economía, de ahí que uno de los objetivos del anteproyecto sea la existencia de un sistema de transportes de mercancías y logística eficiente, sostenible y resiliente y que se les dedique un título específico en los que se hace hincapié en la importancia de los nodos logísticos y en la mejora de la cadena logística.  

Partiendo de la base de que, si bien España cuenta con una red de infraestructuras de primer nivel, es necesario adaptar el sector a las nuevas necesidades y realidades, lo que a su vez implica una mejor regulación aprovechando la potencialidad de la digitalización y las nuevas tecnologías. 

Base del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible 

Esta Ley será, a su vez, una de las bases sobre las que se asiente el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Un espacio compartido entre administraciones y organismos para facilitar la cooperación entre todos los protagonistas del sector. 

Este Sistema se concibe de forma similar al Sistema Nacional de Salud existente. En otras palabras, un instrumento para facilitar el ejercicio del derecho a la movilidad y la actuación interconectada, cooperativa, coordinada y eficiente entre las distintas administraciones públicas que tienen competencias en este ámbito.  

Este Sistema Nacional contará con varios instrumentos de desarrollo; uno de ellos es el Espacio de Datos Integrados de Movilidad, un instrumento digital con el que se pretende disponer de información sistematizada sobre el funcionamiento del sistema de cara a la adopción de decisiones que contribuyan a mejorarlo. A este espacio de datos deberán contribuir tanto personas físicas como jurídicas, ya sean operadores de transporte, gestores de infraestructura y centros de trabajo que, en función del número de empleados, vengan obligados a suministrarlos 

Sin peajes, de momento 

Sobre el pago por el uso de las vías, ya adelantó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que el texto “no define ningún modelo” de peaje, recordando que debe ser “fruto del consenso entre los agentes implicados”. La Disposición adicional 13ª del anteproyecto ha dejado vía abierta para que el Gobierno presente un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado. 

Tal y como está redactada esta disposición, el mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental. Las medidas que puedan implantarse como consecuencia del estudio presentado requerirán del consenso social y político entre las administraciones y los agentes del sector para que se ajusten a la realidad de las circunstancias económicas. 

Queda por ver cómo evoluciona el proceso de aprobación, pero las primeras bases del futuro de la movilidad en España ya están sentadas.