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Las 44 toneladas, a debate

Una vez superada la peor parte de la crisis provocada por la pandemia por coronavirus, se perfilan los pasos para el futuro del transporte de mercancías por carretera. En este sentido, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 15 de junio el Plan de Impulso de la Cadena de Valor, que analizaremos más al detalle próximamente.

En esta ocasión nos detendremos en uno de sus puntos más polémicos, que es el que tiene que ver con la entrada en vigor en España de los camiones de 44 toneladas y de 4,5 metros de altura, que queda fijada para mayo de 2021.

Esto implica, en la práctica, la ampliación de la Masa Máxima Autorizada (MMA) y la altura de los camiones hasta las mencionadas 44 toneladas y 4,5 metros, en lugar de las 40 toneladas y cuatro metros que se permiten en la actualidad.

Según ha explicado el Gobierno, el motivo de esta decisión entra dentro del objetivo de reactivar la industria de la automoción y, en concreto, para “impulsar la competitividad y la sostenibilidad de cara a mejorar la competitividad en la logística de transporte”. El ejecutivo argumenta que, al adoptarse estas dimensiones se posibilita una “mayor carga por viaje, reduciendo además las emisiones contaminantes y de CO2”.

Un punto de vista que no comparten desde muchas asociaciones de transporte como la CETM. A través de un comunicado han dejado su postura en contra de esta medida. Acusan al Gobierno de “no haberse siquiera interesado en conocer la opinión del transporte de mercancías por carretera a este respecto” e insisten en recordar que, entre otras cosas, “antes de aumentar la capacidad de carga de los camiones, debería realizarse una armonización a escala europea”. Cabe recordar que solo en 8 de los 28 Estados miembros de la UE están establecidas las 44 toneladas y únicamente en 4 países se permite una altura superior a 4’5 metros.

Desde la CETM también apuntan que “debe estudiarse adecuadamente la incidencia, impacto y repercusión que esta medida tendría sobre elementos tan importantes como la seguridad vial, el deterioro de las infraestructuras viarias y el importante daño social y económico”.

Postura que comparten en FENADISMER, asociación que tacha el plan de “provocación” por parte del Ministerio de Transporte. Consideran que no se han hecho estudios serios de cómo va a impactar en los camiones, en las infraestructuras o en las empresas de transporte o sobre cómo va a afectar al empleo o las inversiones.

La Fundación Corell había realizado hace un tiempo un estudio en el que señalaba la poca idoneidad de implantar las 44 toneladas, “ya que los beneficios no compensan la problemática que plantea”. Sea como fuere, el último capítulo sobre este asunto aún está por escribir.

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