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Entrada en vigor el veto de circulación de camiones por la N-2 en Girona

veto-nacionalEsta media noche se inicia el veto de circulación de camiones de gran tonelaje por la N-II a su paso entre La Jonquera y Maçanet de la Selva (Girona). Con esta medida provisional, a la espera que se ejecuten las obras de desdoblamiento de la nacional, se pretende reducir la alta siniestralidad que se registra en esta carretera. La medida implica el desvío de transportistas a la AP-7, hecho que ha generado gran controversia en el sector ya que, a pesar de las bonificaciones que prevé la normativa sobre la tarifa del peaje, muchos transportistas se niegan a asumir más costes.

 

SINIESTRALIDAD

Lo cierto es que uno de los tramos de la N-II afectados por la prohibición, reúne seis de los 13 puntos negros de Catalunya con un mayor coste de accidentalidad, hecho que ha provocado la aparición de plataformas, como ‘Prou Camions N-II”, en cuyo caso han centrado sus protestas en reclamar la prohibición de circulación de camiones en la N-II a su paso por Bàscara, un tramo donde se concentra un gran índice de accidentes en los cuales se ven implicados camiones mayoritariamente.

puntos negros de la circulación

 

El SECTOR, DIVIDIDO

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), que agrupa a 32.000 pymes, en colaboración con sus organizaciones territoriales catalanas,  la Asociación General de Transportistas de Catalunya (AGTC) y la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC), ha rechazado desde su anuncio esta prohibición.

Por ello, llevará a cabo una campaña de protesta bajo el lema No queremos, ni podemos pagar más peajes. Entre otras acciones de protesta, se facilitará a los más de 3.000 transportistas afectados, que diariamente discurren por dicha vía, un cartel reivindicativo para que lo lleven visible en la parte exterior de sus vehículos.

Asimismo FENADISMER tiene previsto realizar diferentes protestas para de este modo mostrar su más absoluto rechazo a la medida aprobada por considerarla “ilegal, injusta y desproporcionada”.

Mientras transportistas autónomos critican la prohibición, conductores de empresa manifiestan su preferencia por circular por la AP-7 por ser más “rápida y segura”. Otro tema es el coste que la obligación puede suponer para las empresas, ya que al aumento del precio del gasoil habrá que añadir los costes de peaje, una cantidad muy difícil de repercutir en los precios dadas las circunstancias por las que atraviesa el sector.

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